El especialista agrónomo y forestal, Marc Dourojeanni, resaltó la importancia de implementar un Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana y recomendó que mientras tanto las negociaciones con Brasil en temas de derechos sobre recursos naturales, en especial los hídricos, deben detenerse.
Así lo hizo, junto al abogado y biólogo Alberto Barandiarán y al antropólogo Diego Dourojeanni, en la reciente publicación
“Amazonía Peruana en 2021: Explotación de Recursos Naturales e Infraestructura”, presentado la semana pasada.
“(Se recomienda) congelar las negociaciones en curso entre el Perú y el Brasil para conceder al Brasil derechos sobre recursos naturales de la Selva, en especial los hídricos, hasta la terminación del Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana”, señala la publicación.
Además señaló que debe iniciarse la preparación de un Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana que, usando todas las opciones disponibles, brinde oportunidades claras y directas para la participación informada de la sociedad peruana, en especial la de la Amazonía.
Y agregó que cuando el Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana esté aprobado “éste debería ser amparado por una ley especial del Congreso que garantice su aplicación fiel durante un plazo mínimo de vigencia, que especifique el procedimiento obligatorio para eventuales modificaciones”.
De otro lado, los tres especialistas incluyeron como recomendación en su libro el “crear, por decisión del Poder Ejecutivo o en su defecto del Legislativo, la institución nacional con capacidad adecuada para conducir el mencionado proceso nacional, multisectorial y ampliamente participativo de planificación y que sea cabeza de un verdadero Sistema Nacional de Planificación con poder decisorio”.
Cabe resaltar que en esta publicación los autores hacen un esfuerzo por llenar el vacío de información disponible al público en cuanto a lo que, gobierno e inversionistas, planean hacer en la Amazonía peruana en la próxima década.
“Se revela además la existencia de numerosos proyectos –poco divulgados- de explotación de los más diversos recursos naturales de la región y de otras tantas obras planificadas de infraestructura, muchas de ellas de dimensiones gigantescas, para facilitar dicha explotación”.
“Numerosas centrales hidroeléctricas cortarán el flujo de los ríos generando energía para ser explotada. Del mismo modo, carreteras, hidrovías, cruzarán de este a oeste la selva, y evidentemente se extraerá petróleo, gas, madera y minerales. Los impactos que cada uno de estos proyectos y actividades extractivas cambiarán para siempre la Amazonía del Perú”.
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Descargar el texto completo del libro en formato pdf con un clic en el siguiente enlace:
http://www.amazonia-andina.org/sites/default/files/Amazonia%20peruana%20en%202021%20Marc%20Dourojeanni.pdf—
Recomendaciones
Declarar de inmediato una moratoria de decisión referente a obras nuevas así como sobre el inicio de construcción de las ya aprobadas para evitar continuar imponiendo acciones sobre las que la sociedad y las poblaciones afectadas no están siquiera informadas. Esta moratoria debería ser mantenida hasta la aprobación de un Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana.
Congelar las negociaciones en curso entre el Perú y el Brasil para conceder al Brasil derechos sobre recursos naturales de la Selva, en especial los hídricos, hasta la terminación del Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana.
Iniciar, de inmediato, la preparación de un Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana que, usando todas las opciones disponibles, brinde oportunidades claras y directas para la participación informada de la sociedad peruana, en especial la de la Amazonía.
Cuando el Plan de Desarrollo de la Amazonía Peruana esté aprobado, éste debería ser amparado por una ley especial del Congreso que garantice su aplicación fiel durante un plazo mínimo de vigencia, que especifique el procedimiento obligatorio para eventuales modificaciones.
Crear, por decisión del Poder Ejecutivo o en su defecto del Legislativo, la institución nacional con capacidad adecuada para conducir el mencionado proceso nacional, multisectorial y ampliamente participativo de planificación y que sea cabeza de un verdadero Sistema Nacional de Planificación con poder decisorio.
Demandar que todos los grandes proyectos de inversión pública y los privados de importancia nacional sean integrados al proceso de la planificación nacional, con respeto estricto del ciclo normal de preparación de proyectos, pasando por revisiones y aprobaciones en cada fase, a partir del perfil.
Exigir que se demuestre que los costos declarados de los proyectos en los estudios de factibilidad incluyan cabalmente los costos ambientales y sociales reales (externalidades) de los mismos.
Establecer mecanismos de transparencia total e información detallada sobre los proyectos individuales a lo largo de toda su maduración y sobre el proceso de planificación.
En el caso de los grandes proyectos de interés bi-nacional o fronterizo, establecer mecanismos específicos de control social en cada país y en conjunto.
Establecer las normas que tornen obligatoria la inclusión, en los términos de referencia de los estudios de factibilidad de los grandes proyectos, el estimado de la generación de gases de efecto invernadero y los costos que le están asociados.
Fortalecer el nuevo Ministerio del Ambiente dándole los medios y capacidades que corresponderían a la voluntad de hacer desarrollo realmente sostenible, incluyendo:
Crear, en el ámbito de ese Ministerio, un legítimo Consejo Nacional Ambiental, con capacidad decisoria, integrado por los sectores y regiones, pero con fuerte representación de la sociedad civil y de la academia, presidido por el Ministro.
Exigir que las evaluaciones de impacto ambiental y social de las grandes obras públicas sean examinadas por expertos calificados, en plazos perentorios pero suficientes, con participación efectiva de la sociedad, en el ámbito de ese Ministerio, los que deben ser aprobados por el Consejo Nacional Ambiental.
Someter al ámbito del Ministerio del Ambiente el control de la explotación de los recursos naturales renovables salvajes (no cultivados o domesticados), como los forestales, fauna y pesca, creando los servicios autónomos que este tipo de actividades con grandes implicaciones ambientales requiere. La silvicultura y la piscicultura o acuacultura pueden depender de sectores productivos.
Consolidar la legislación sobre reservas territoriales, estableciendo las condiciones de su uso y transferir la responsabilidad de su gestión al Ministerio del Ambiente
Preparar un catastro de pasivos ambientales mineros y petroleros en la cuenca amazónica.
Aumentar el número y el área de las áreas naturales protegidas por el Estado en la Selva, creando los corredores biológicos que sean necesarios, dando prioridad al establecimiento del Parque Nacional de la Sierra del Divisor y de las 8 reservas territoriales ya propuestas y, especialmente, mejorar la calidad de su manejo mediante inversiones sustanciales en las mismas.
